Constitución Política del Estado: artículo No. 08, inciso 01, 02 y 03 determina que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política del Estado o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. Sin embargo, 6 ciudadanos, del distrito de Huasmín-Cajamarca, vienen siendo acusados por la supuesta culpabilidad en los delitos de: Tenencia ilegal de armas, homicidio calificado, resistencia a la autoridad y violación a la propiedad privada. Nada más absurdo calificar a los ronderos de actos terroristas cuando fueron precisamente las rondas las que lucharon contra el terrorismo. 

La privación de la libertad por más de 24 horas a los ciudadanos cajamarquinos: Andrés Hernández, Herenías Rodríguez Vargas, Marco Tocas Rodríguez, Fredy García Becerra, Waldir Medrano y Nolberto Medina Becerra, es un acto arbitrario y anticonstitucional, afirman profesionales del Colegio de Abogados de Lambayeque y el abogado defensor, el lambayecano Wilfredo Chero. Sin duda, nada puede justificar que, el Ministerio Público y el Poder Judicial, hayan actuado infundadamente en contra de personas que radican en lugar donde, por más de 2 años, se desarrolla una resistencia social en contra del proyecto minero Conga.

Claro está, que la policía para cargarlos de delitos puede usar las estrategias más sucias, que sólo pueden nacer en la cabeza de furiosos verdugos. Todos sabemos, que la gran mayoría de ciudadanos de: Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Bambamarca y Celendín, se han mostrado a favor de la inviabilidad de Conga. Lo curioso y hasta sospechoso, es que Cajamarca ha pasado a ser un apéndice de Chiclayo; ya que, todos los denunciados han sido llevados a esta ciudad para ser procesados mientras duren las investigaciones del caso, e incluso están siendo amenazados de ser trasladados a Lima.

Como se sabe, no se puede hacer escarnio de un grupo de campesinos al pretender: achacarlos, mediatizarlos, humillarlos cual viles delincuentes; porque, seamos claros, el único delito que se les puede acusar es: “Ddefender con dignidad sus recursos naturales y mostrar rechazo a empresas abusivas como Yanacocha”. Ya lo decía Galeano: “La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”. Quizá si sus nombres fueran: Alan García o Keiko Fujimori ya estarían libres.

Por otro lado, a todos los peruanos, que han sido detenidos por tenencia ilegal de armas, han sido investigados en libertad, salvo casos extremos como acusaciones por: terrorismo, narcotráfico y delincuencia calificada. El caso de Huasmín, no es otra cosa que “persecución y amenaza a líderes sociales y autoridades para evitar más manifestaciones en contra del cuestionado proyecto minero Conga”. Además, a Benavides y Ollanta les conviene acusarlos por delitos que, a nuestro modo de ver, jamás se han cometido.

Una cosa que indigna y a la vez preocupa es que “se sigue denunciando a dirigentes sociales, autoridades regionales y locales”; ante ello, debemos preguntarnos: ¿Qué quieren hacer con Cajamarca? ¿Convertirla en una región sumisa al poder transnacional? ¿Seguir pisoteando la dignidad de un pueblo que ha sabido defenderse con valentía? ¿Manchar la honra de líderes sociales y políticos para imponer sus nefastos intereses? ¿Destruir la última región donde la población es altamente rural? Ante estas incógnitas, sólo queda una salida: “Seguir manteniendo la más amplia unidad para fortalecer la resistencia y lograr la soberanía regional que aspire al desarrollo sostenible del pueblo cajamarquino”.

Por ello, el Gobierno Regional Cajamarca, expresa su solidaridad con los 6 hermanos detenidos y, al mismo tiempo, exige su urgente libertad. Asimismo, queremos agradecer a los cientos de ciudadanos que han llegado hasta la carceleta, del Poder Judicial de Chiclayo, para expresar su solidaridad. Seguros estamos, que está guerra venceremos.